B. Cremades & Asociados Despacho de abogados
Aprobada la reforma de la estiba, ¿ahora qué?

Aprobada la reforma de la estiba, ¿ahora qué?

23 mayo 2017

Bernardo M. Cremades Román

Publicado en Expansión el 19-05-2017

Aprobada la reforma de la estiba, ¿ahora qué?
Bernardo M. Cremades Román
 
En los últimos meses, hemos sido testigos de la ralentización del trabajo de los estibadores portuarios, impulsada por los representantes de las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep). Este hecho ha sido calificado como una “huelga encubierta” tanto por las empresas privadas como por el Ministro de Fomento. La envergadura del conflicto es considerable, ya que España realiza por mar el 53% de su comercio con la Unión Europea y el 96% de las transacciones con terceros países. Numerosos buques se han desviado a los puertos de Lisboa, Tánger o Marsella, y algunas fuentes hablan de pérdidas millonarias cada día que pasa.
 
La obligación de la liberalización del sector de la estiba viene desde la entrada de España en la UE en 1986. Sin embargo, la reforma de la Ley de Puertos del Estado de septiembre de 2011 mantuvo el régimen monopolístico de las Sagep, manifiestamente contrario a la libertad de establecimiento prevista en el Derecho de la UE. En noviembre de ese año, la Comisión Europea envió un requerimiento a España, incoando así el procedimiento por incumplimiento que finalizó en sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la UE del 11 de diciembre de 2014. Desde abril de 2016, la Comisión Europea tiene
otro procedimiento abierto contra España por infracción de la citada sentencia. El pasado 12 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto al efecto, convalidado ayer por el Congreso, esquivando así una nueva multa de 134.000 euros diarios que se habrían acumulado a la multa pendiente de alrededor de 24 millones de euros. La reacción de los sindicatos ha sido negativa, anunciando nuevas huelgas.
 
De acuerdo con el ordenamiento jurídico de la UE, todas las instancias del Estado están obligadas a respetar el Derecho comunitario. Desafortunadamente, la situación actual y la tardanza en modificar la legislación española aplicable a la estiba parece desvirtuar el efecto útil del Derecho de la UE y está causando cuantiosos daños. Sin embargo, los afectados por esta situación tendrían mecanismos jurídicos para defender sus derechos. En primer lugar, se podría intentar una acción contra el Estado español por infracción del Derecho comunitario. Los requisitos de legitimación activa se han endurecido con la última reforma de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que añade como condición la previa obtención por el particular de una sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño y
haber alegado el incumplimiento posteriormente declarado.
Naturalmente, esto puede hacer la obtención del resarcimiento
del daño causado excesivamente difícil.
 
Reclamaciones judiciales
En segundo lugar, podría plantearse una acción contra la Administración por el funcionamiento anormal del servicio público. En este caso, parece que la tardanza en la ejecución de la sentencia y la falta de minimización de los efectos nocivos de una huelga previsible sólo serían excusables si el Estado español se enfrentase a dificultades insuperables que se lo impidiesen. En tercer lugar, podría analizarse la acción de responsabilidad contra las empresas de la estiba. Dicha acción dependerá del contrato del operador interesado y del régimen de responsabilidad de cada uno de los involucrados. La Ley de Navegación Marítima establece que, incluso cuando el operador portuario no hubiese sido contratado por el destinatario de las mercancías, este último puede reclamar directamente al operador por los daños y pérdidas causados. Sin embargo, el derecho a la huelga limita en gran medida su responsabilidad.
 
Finalmente, los Estados firman tratados internacionales con el fin de fomentar y proteger el intercambio de inversiones entre distintos países (comúnmente llamados APPRIs). España tiene en vigor más de setenta acuerdos que disponen protecciones sustantivas para las inversiones extranjeras. La mayoría de esos APPRIs permiten al inversor elegir si acude a los tribunales locales o a un tribunal de arbitraje internacional –completamente independiente del Estado receptor de la inversión– para dirimir las reclamaciones que sean consecuencia de las violaciones de los tratados. Entre otras medidas, es habitual que estos APPRIs incluyan la obligación de garantizar la seguridad jurídica a las inversiones extranjeras. Desde el momento en que España no cumplió inmediatamente la sentencia del Tribunal de la UE en 2014, se ha generado un clima de inseguridad jurídica en contra de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado, poniendo en tela de juicio el principio de legalidad.
 
España no ha sabido adaptarse adecuadamente a una economía globalizada en materia portuaria, y la situación es bastante desalentadora para los inversores. El Estado debe ahora garantizar de modo diligente un marco legislativo y de negocio estable y predecible. La dudosa gestión de la situación y la incertidumbre generada puede conllevar no sólo una oleada de reclamaciones, tanto nacionales como internacionales, sino también desvíos de tráfico marítimo y de inversores portuarios a puertos que ofrezcan una mayor seguridad y competitividad.
 
Socio de B. Cremades & asociados

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